El año político empezó como había terminado, agitado. A tan solo horas de finalizar el período de sesiones extraordinarias del Congreso, el Gobierno nacional, a través del DNU n° 941/2025, dispuso una profunda reforma de la Ley de Inteligencia Nacional estableciendo una nueva estructura organizativa para el sector. El nuevo esquema divide al Sistema de Inteligencia Nacional en tres áreas fundamentales: la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), que mantiene su rol como cabeza del sistema; la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal (DNIC); y la Dirección General de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. Como novedad jerárquica, se crea la figura del Subsecretario de Inteligencia, quien asistirá al titular de la SIDE y tendrá facultades para delegar funciones o reemplazarlo en caso de ausencia.

Uno de los puntos más disruptivos de esta normativa es la ampliación de las facultades operativas del personal de inteligencia. El decreto incorpora un artículo que autoriza a los agentes a proceder a la aprehensión de personas en contextos de flagrancia, auxilio judicial o cuando se pongan en riesgo los objetivos de seguridad, con la única obligación de dar aviso inmediato a las fuerzas policiales.

Ante estos cambios, la administración libertaria justificó la implementación de un decreto de necesidad y urgencia bajo el argumento de que los tiempos del trámite legislativo ordinario representarían un retraso crítico para la seguridad nacional. Según los considerandos del texto, la modernización del sistema no podía postergarse sin dejar a la República Argentina en una situación de vulnerabilidad ante amenazas internas y externas.

Desde la oposición cuestionaron que una reforma tan sensible haya sido realizada por decreto y plantearon que no existió un contexto de “necesidad y urgencia”, por lo que reclaman que el DNU sea tratado inmediatamente en el Congreso. Al mismo tiempo, se hicieron diferentes presentaciones ante la Justicia para suspender su aplicación.

En ese contexto, diputados de Fuerza Patria, Provincias Unidas y la Coalición Cívica presentaron notas ante el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y su par del Senado, Victoria Villarruel, para que conforme dos comisiones clave: la bicameral de Inteligencia y la bicameral de Trámite Legislativo.

Contrapunto local

Por un lado, el diputado de Unión por la Patria (UP), Pablo Yedlin, sostuvo en diálogo con LA GACETA que el decreto es “inconstitucional e ilegal”, argumentando que la gestión de Javier Milei no ha logrado demostrar la “necesidad y urgencia” requerida por la Carta Magna. Para Yedlin, se trata de una “avivada” del Poder Ejecutivo para evitar el debate de fondo en el Parlamento, aprovechando el cierre de las sesiones extraordinarias para imponer una estructura que, a su juicio, debería ser fruto de un consenso legislativo maduro.

En la vereda opuesta, el legislador de La Libertad Avanza (LLA), Federico Pelli, defendió la medida como una reforma “necesaria, oportuna y largamente postergada”. Pelli argumentó a este medio que, tras décadas de degradación del sistema -especialmente durante el kirchnerismo-, la inteligencia argentina se había convertido en una herramienta de persecución política interna. Según su visión, el DNU busca profesionalizar y dotar de agilidad a un área crítica donde la seguridad nacional está en juego, justificando que cuestiones de esta magnitud requieren decisiones ejecutivas rápidas que la cadencia legislativa no siempre puede ofrecer.

Uno de los puntos de mayor fricción es la facultad otorgada al personal de inteligencia para realizar aprehensiones. Yedlin advirtió que este poder es propio de regímenes con derechos civiles comprometidos, como Rusia, y subrayó que ni la CIA ni el Mossad tienen capacidad de detención sobre sus propios ciudadanos. Ante esto, el diputado opositor teme que, sin un control civil y político estricto, se repita la “tristísima historia” argentina de espionaje a periodistas y adversarios políticos, especialmente tras incidentes recientes de fugas masivas de datos estatales y fallos en la detección de figuras vinculadas al terrorismo internacional.

Ante estas críticas, Pelli calificó la reacción opositora de “hipócrita” y aseguró que los detractores “exageran” el alcance de las detenciones. Para el legislador oficialista, la aprehensión es una herramienta preventiva y excepcional ante amenazas graves e inmediatas que no reemplaza al sistema judicial, sino que impide que el Estado se quede atado de manos frente al avance del crimen organizado y el narcotráfico. Según Pelli, el principio de LLA es claro: un Estado limitado en lo económico, pero fuerte y eficiente en sus funciones esenciales de seguridad y defensa. “La aprehensión en esos casos no reemplaza al sistema judicial ni a las fuerzas de seguridad, sino que actúa como una herramienta preventiva y excepcional, con límites claros”, declaró.

La controversia también alcanza el funcionamiento de las instituciones de control. Yedlin denunció una irregularidad adicional: la falta de constitución de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, órgano encargado de revisar la validez de los DNU. Sobre esto advirtió que el Gobierno está incumpliendo con su obligación de mantener activada esta comisión permanente, lo que deja al decreto en un limbo de legalidad hasta que el Congreso logre reunirse para darlo de baja. Confía en que, si la justicia no frena la medida por su naturaleza inconstitucional, serán las cámaras las que terminen por rechazarla.

Finalmente, el debate expone dos concepciones opuestas sobre el papel del Estado en el siglo XXI. Mientras Yedlin cuestiona el destino de partidas presupuestarias hacia la inteligencia en detrimento de la salud y la universidad, exigiendo un sistema que prioriza la protección de datos de los ciudadanos, Pelli insistió en que el DNU no clausura el debate, sino que lo habilita bajo un marco concreto de acción. Para el oficialismo, la prioridad es ordenar un sistema que funcionaba bajo ambigüedades normativas, mientras que para la oposición, el riesgo de otorgar facultades operativas a las “espías” representa una amenaza directa a la calidad democrática del país.

Principales cambios

Uno de los cambios más significativos es la creación de un nuevo ecosistema institucional que distingue la inteligencia técnica de la gestión de riesgos. La antigua Agencia Federal de Ciberseguridad se transforma en la Agencia Federal de Ciberinteligencia bajo la órbita de la SIDE, mientras que las tareas de protección operativa pasan al nuevo Centro Nacional de Ciberseguridad, un ente descentralizado de la Jefatura de Gabinete. Asimismo, se unifica el área militar mediante la disolución de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar, cuyas funciones son absorbidas por el Estado Mayor Conjunto para simplificar la cadena de mandos y el asesoramiento en defensa.

Finalmente, el decreto refuerza los controles internos con la creación de la Inspectoría General de Inteligencia, que funcionará como una auditoría de legalidad y desempeño sobre el uso de los recursos y el cumplimiento de las misiones asignadas.